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La Junta plantea la necesidad de 50 nuevos juzgados y reclama al Gobierno “el mismo trato que a otras comunidades”

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

La Junta ha planteado este lunes que Andalucía necesita 50 nuevos juzgados entre 2025 y 2026, un contexto en el que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha pedido al Gobierno central “el mismo trato que a otras comunidades” como Cataluña.

Así lo ha indicado la Junta en una nota de prensa después de que Nieto haya participado en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside Lorenzo del Río, en la que se ha analizado la carga de trabajo de los partidos judiciales andaluces para elevar al Ministerio de Justicia una propuesta conjunta de creación de nuevas unidades.

Nieto ha señalado que actualmente en Andalucía hay medio centenar de juzgados sobrecargados por lo que entre 2025 y 2026 sería necesario contar con 50 nuevos órganos. Cada año, esta comisión elabora una propuesta de creación de nuevas unidades judiciales que se eleva al Ministerio de Justicia, que es quien decide finalmente los órganos que se crean en cada comunidad autónoma.

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Para este 2024 el Ministerio ha establecido la creación de una docena de unidades, seis juzgados y seis plazas de magistrado, frente a las 24 solicitadas por la Junta tras consensuarlo con el TSJA. Precisamente, cuatro de los seis nuevos juzgados han comenzado a funcionar este lunes según el calendario fijado por el Gobierno central: dos en Almería, uno en Cádiz y otro en La Palma del Condado (Huelva).

La puesta en marcha de los otros dos (uno en Málaga y otro en Dos Hermanas) está aún pendiente de fijar la fecha mientras que las seis plazas de magistrado se crearon en enero. Nieto ha recordado que en una reciente reunión entre el Ministerio y la Generalitat de Cataluña, esta Administración autonómica “exigió 50 juzgados nuevos”, por lo que ha recalcado que desde Andalucía se quiere lo que “corresponda proporcionalmente”, pues hay “dos millones y medio más de habitantes y más del doble de territorio que abarcar y cubrir con ese servicio esencial de justicia”.

“Queremos que se nos trate a Andalucía como a cualquier comunidad autónoma”, ha insistido el consejero andaluz de Justicia. En este sentido, el presidente del TSJA ha abogado por que las comunidades autónomas tengan “más margen de autonomía” para determinar la creación de nuevos órganos “si tienen interés y puede asumir presupuestariamente más unidades judiciales” para “no estar dependiente siempre de las nuevas plazas que pueda crear el Ministerio”.

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Según ha informado también la Junta tras la reunión de la comisión, Del Río ha reconocido que “Andalucía no puede quedarse con doce plazas nuevas anualmente porque yo creo que con eso no solventamos los problemas”.

Tanto Nieto como Del Río se han referido a la situación del partido judicial del Campo de Gibraltar y el de Barbate. “Nos preocupa y llevamos tiempo trabajando” con la Audiencia Provincial de Cádiz y las autoridades judiciales de la zona, “ando traslado al Ministerio, para poner en marcha reformas que hagan posible responder con más garantías y que protejamos también a quienes administran justicia que se ven expuestos en una zona donde la delincuencia tiene más medios” que las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha apuntado Nieto.

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TRASLADO EN GRANADA AL CUBO

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 presentado recientemente también ha centrado la reunión, un plan en el que según ha destacado el consejero “Granada va a ser una parte fundamental” con la compra del edificio el Cubo a Caixabank para destinarlo a la Ciudad de la Justicia de la capital, además de actuaciones en el edificio de Caleta y en la Real Chancillería, sede del TSJA, que “tenemos que seguir cuidando porque aparte de su valor simbólico tiene un uso diario”.

“Creo que con esto resolvemos definitivamente el problema de las sedes judiciales en Granada y eso seguro que va a repercutir en un mejor servicio”, ha subrayado Nieto, que ha indicado que, una vez cerrado el acuerdo de compraventa, los servicios jurídicos de ambas entidades trabajan en la documentación necesaria para su ejecución, incluyendo el “tiempo” que se necesita para reubicar al personal que trabaja actualmente en el Cubo.


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